Alcaldes de ERC y la CUP se ponen chulos y trituran la carta del Gobierno apercibiendo del 1-O

Dos alcaldes independentistas han triturado, literalmente, la advertencia formal enviada por el Gobierno central la semana pasada a todos los alcaldes catalanes. Este documento oficial alertaba sobre la «inconstitucionalidad» que supondría ceder espacios públicos para la celebración del referéndum secesionista del 1-O.

Se trata del alcalde de La Ametlla de Mar (Tarragona), Jordi Gaseni, y el de Argentona (Barcelona), Eudald Calvo. Ambos ediles han difundido esta acción a través de unos vídeos que han difundido a través de las redes sociales.

«Recibido y archivado el requerimiento del ‘Gobierno de España’ a la alcaldía de La Ametlla de Mar», ha manifestado Gaseni en su cuenta oficial de Twitter junto al lema de «Votaremos», de cara a la consulta ilegal del 1-O. Este regidor es dirigente de ERC y vicepresidente de la Asociación de Municipios por la independencia (AMI).

Rebut i arxivat requeriment d «gobierno d’Espanya» a l’alcaldia #AmetlladeMar #1Oct #Votarem @AMI__cat @assemblea @omnium @jordigaseni pic.twitter.com/71tFR55May

— jordigaseni (@jordigaseni) 12 de septiembre de 2017

«Ya hemos archivado la advertencia del Gobierno», alegaba Calvo en las redes sociales. Este alcalde es dirigente de la formación independentista de la CUP.

Ja hem arxivat l’advertència del Gobierno. pic.twitter.com/jkAqlsW6gU

— Eudald (@eudaldcc) 12 de septiembre de 2017

Pueden ser detenidos

Estas acciones coinciden con el anuncio del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de abrir instrucción a los fiscales de Cataluña para que citen, en calidad de investigados (imputados), a los alcaldes que ya han firmado el decreto de la Generalitat para ceder locales para el referéndum ilegal del 1-O.

Maza ha destacado además que en caso de que no se presenten los alcaldes que apoyan la consulta ilegal, se les reclamará su detención. Debido al elevado número de regidores que apoyan el 1-O, el fiscal general ha ordenado que se dé prioridad en la apertura de diligencias en la investigación a aquellos que tengan más población.